Saturday, January 27, 2007

La pena de muerte pierde fuerza en Estados Unidos


Washington.- La suspensión de cinco ejecuciones esta semana ha constatado la tendencia hacia una reducción de la pena de muerte en Estados Unidos, tras varios años en que el castigo se aplicó casi sin clemencia.

Pero esa reducción no ha sido por las presiones de grupos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, o del creciente rechazo al castigo expresado por los estadounidenses, según los expertos.

Se ha debido a cuestionamientos constitucionales sobre el método del castigo, en su mayoría la inyección letal, dudas sobre la competencia de los abogados defensores o la posible inocencia de los condenados, según agregan.

Esos cuestionamientos también incluyen una denunciada tendencia racista que ha hecho a los negros más merecedores del castigo que los blancos o la de que se aplica en mayor medida en los estados del sur del país.

"Las suspensiones son indicativas de la incertidumbre respecto a las ejecuciones", señaló en una entrevista Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM).

"Hay diferentes razones, pero las ejecuciones no habrían sido postergadas por las presiones internacionales. De todas maneras, éstas no habrían llegado a ninguna parte", agregó.

El jueves pasado un juez de Carolina del Norte suspendió la ejecución de James Campbell, culpable del asesinato de una mujer en 1993.

El magistrado dijo que sólo podrá realizarse cuando se hayan determinado las funciones que deben cumplir los médicos en un ajusticiamiento.

Un día antes el mismo juez había suspendido otras dos ejecuciones que debían realizarse esta semana y la próxima.

Según las leyes de Carolina del Norte en cada ejecución debe haber un galeno. Sin embargo, el Colegio Médico del estado señaló a mediados de este mes que su presencia constituía una violación de la ética profesional.

Como solución, las autoridades estatales propusieron sustituir al médico por una enfermera y un técnico quienes debían encargarse de constatar la muerte del condenado.

Pero el juez citó una ley de 1909 que señala que esa medida debe ser aprobada por el gobernador y otras nueve autoridades del estado.

La decisión del magistrado se conoció después de que el juez Antonin Scalia, del Tribunal Supremo de EEUU, aplazase la ejecución de Ronald Chambers, un hombre que esperaba en los corredores de la muerte del estado de Texas desde hace 31 años.

Chambers debió recibir una inyección letal el jueves en el penal de Huntsville por el secuestro y asesinato a balazos de un hombre al que le robó su automóvil en 1975.

Las fuentes indicaron que Scalia emitió la orden para permitir la revisión de su caso pedida por los abogados de la defensa, quienes señalaron que los miembros del jurado no habían recibido instrucciones sobre los factores atenuantes del caso.

Antes de conocerse la decisión del juez del Supremo, un tribunal de Texas había suspendido el miércoles el ajusticiamiento de un universitario, declarado culpable del secuestro y asesinato de una compañera de estudios hace ocho años.

Fuentes judiciales dijeron que el aplazamiento fue ordenado para que se revisaran las pruebas que condenaron a Larry Swearingen a la pena capital.

Según los abogados de Swearingen, la presencia de un insecto en el cadáver de la víctima ponía en duda la culpabilidad de su cliente.

Afirmaron que la evidencia entomológica era "una prueba muy convincente" de que la estudiante murió cuando el reo estaba bajo custodia policial.

La pena de muerte fue restablecida por el Supremo en 1976 y desde entonces han sido ejecutadas 1.060 personas, la mayoría mediante la inyección letal, un método que para los detractores del castigo es inconstitucional porque causa dolor y sufrimiento al condenado.

En 1998 fueron ejecutadas 98 personas, pero desde ese año la cifra se ha reducido progresivamente hasta llegar a sólo 53 en 2006 año en que aumentó a diez el número de estados que han suspendido el castigo.

Además, en 2004 el estado de Nueva York declaró formalmente que la pena de muerte es inconstitucional y sólo 14 de los 38 estados en los que rige el castigo fueron escenario de una o más ejecuciones en 2006, según CIPM.

A falta de la ejecución de Christopher Swift prevista para el próximo martes en Texas, este mes solo se realizaron tres ejecuciones en todo el país.

No obstante, la pena de muerte de un asesino en primer grado es el castigo preferido para la mayoría de la población de este país.

Según las últimas encuestas citadas por CIPM, pese a que se bate en retirada, la pena de muerte todavía cuenta con el apoyo de más de un 60 por ciento de los estadounidenses.


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